Tras casi dos meses de juicio oral, el Tribunal conformado por los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, condenó al ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, a la pena de 9 años de prisión efectiva  y una multa de 90 mil pesos, con inhabilitación absoluta. En tanto, para el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nelson Ugolini, la sentencia fue de 5 de de prisión, multa de 90 mil pesos e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos.

Además, el tribunal de juicio resolvió que ambos deberán quedar detenidos a pesar de que la sentencia no está firme, ya que los jueces consideran que hay riesgo de fuga. Por esa razón, ambos fueron retirados por la policía del Centro de Justicia Penal de Rosario, a pesar de que habían llegado en libertad. 

En un adelanto de los fundamentos del fallo, el juez Flopiani explicó que «la valoración de la prueba permite acreditar que existió una célula delictiva en el MPA», liderada por su entonces titular en la regional Rosario, Serjal. Y consideró al ex fiscal como «organizador» de lo que denominó una «empresa criminal».

Ademas, consideró que se tuvo por «probado un pacto corrupto entre Serjal y Peitti«, el líder de una organización de juego clandestino en el sur de la provincia. Los jueces entendieron que el funcionario público brindó «cobertura judicial» al empresario de juegos ilícitos a cambio de pagos «de entre 4 y 5 mil dólares mensuales».

Para el Tribunal, una «valoración conglobada de la prueba» permitió establecer que existió «este acuerdo corrupto» y, lo más valioso para lo que resta de la causa, «descartar la hipótesis de una operación política«, que es la estrategia que siguió la defensa de Serjal y que utiliza el representante de «la pata política» en el caso, el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, quien está imputado como organizador de una asociación ilícita, pero no llegó a juicio en este tramo del caso.

Para los jueces, «la tesis de un confabulación no tuvo correlato probatorio«. En esa línea, indicaron que existió «un entramado mayor» que incluye «la rama política» de la investigación, «que no llegó a juicio». Es la que involucra a Traferri como presunto articulador de la cobertura judicial a Peitti, a cambio de aportes en dólares para su campaña proselitista.

Para los fiscales, Serjal brindó, como cabeza del MPA en Rosario, una red de cobertura al capo del juego clandestino en Santa Fe, Leonardo Peitti, para que pudiera explotar ese negocio ilícito esquivando la persecución penal. De esa trama, según la investigación, participó el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado mediante un juicio abreviado.

En el caso también está imputado en libertad el senador Traferri, quien renunció a sus fueros para poder ser sometido a proceso. El propio Peitti también fue condenado al admitir los delitos y colaborar como imputado arrepentido, y señalar que financió parte de la campaña electoral del político sanlorencino con dinero de origen ilícito.

Serjal fue sentenciado por los delitos de  asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso ideal con cohecho pasivo y peculado de servicios, a cumplir 9 años de prisión. En el caso de Ugolini, los jueces consideraron que integró esa asociación ilícita e incurrió, tambíen, en cohecho pasivo.

Tras la lectura de la sentencia, los fiscales Caterina y Fabbro brindaron una rueda de prensa. «Estamos muy conformes con el fallo, no solamente con el veredicto, que es lo que se estila, sino porque también el tribunal ha ofrecido toda una síntesis muy amena, que se ha puesto a disposición, para poder entender de manera resumida todo lo que venimos trabajando en un juicio de más de un mes y medio de producción de pruebas», dijo Caterina.

Añadió que «eso es lo que han afirmado, ratificando los hechos, la teoría del caso de la Fiscalía y yo creería que en estos casos, cuando la Justicia habla y habla de esta manera, no tenemos mucho más que escuchar«.

En la misma línea, el fiscal sostuvo que «a nosotros nos juegan muchas cuestiones, no solamente la persecución, sino también desde los objetivos, porque del otro lado había personas que han sido superiores nuestros, compañeros nuestros, empleados, de alguna manera cercanos».

Caterina consideró que «lo que muestra el MPA es que en su juventud cuenta con los anticuerpos para perseguir su propia corrupción, en un contexto donde hoy la palabra que ha utilizado el tribunal para hablar del daño institucional es catastrófico, así lo utilizaron, pero bueno, si tenemos estos anticuerpos, empecemos a pensar en curar justamente estas heridas y a aprender de esos fallos».