El Gobierno vetó en forma total la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada recientemente en el Congreso y que contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

La medida será publicada en el Boletín Oficial y no incluye todavía los votos a la emergencia en el Garrahan y el reparto de los ATN, como se preveía, según trascendidos del Ejecutivo nacional.

Al respecto, el Consejo Interuniversitario Nacional ya había anticipado que, de concretarse el veto, iba a convocar a una nueva marcha federal.

Asimismo, la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) había anunciado más temprano que convocará a un paro para este viernes y por 24 horas en todas las universidades del país

Además, anunciaron que junto a las demás expresiones que forman el Frente Sindical Universitario harán una nueva Marcha Federal el día que se trate el rechazo al veto en el Congreso.

Es la segunda vez en lo que va de su mandato que el presidente Javier Milei veta dicha legislación. La primera vez fue el 3 de octubre del año pasado mediante el Decreto 879/2024.

Esta decisión del Poder Ejecutivo se da tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la escalada del dólar y la interna oficialista.

Pese a que el 19 de agosto el Senado de la Nación le había otorgado dictamen de mayoría al proyecto de ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno anunció que dejó sin efecto el texto que propone una recomposición salarial para los docentes universitarios y no docentes.

Por lo pronto, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), que fueron convertidas en ley el mismo día que la de financiamiento universitario, quedaron excluidas del veto.

El presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y acumula una caída del 32% desde 2023, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a pesar del aumento del 29% que se dispuso con el Decreto 425/25.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY?

La Ley de Financiamiento Universitario propone:

-Piso mínimo garantizado por ley que se ajuste automáticamente según la inflación medida por el INDEC
-Recuperación del salario real en comparación con diciembre de 2023
-Fondo para nuevas carreras estratégicas, es decir, una caja de unos $10.000 millones, con ajuste anual por IPC para impulsar carreras vinculadas a ciencia, tecnología, inteligencia artificial y áreas clave para el desarrollo nacional
-Ampliación de becas e inclusión estudiantil
-Partidas destinadas a obras, mantenimiento de edificios y desarrollo de infraestructura universitaria, así como aumento en la inversión en investigación y ciencia
-Meta de un crecimiento gradual del presupuesto universitario que para 2031 sea equivalente al 1,5 % del PBI.