El financiamiento de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) atraviesa su momento más crítico desde que el programa se puso en marcha en 2014. Lo que hasta el año pasado era la red más numerosa de la Sedronar, con alrededor de 600 dispositivos en todo el país gestionados junto a movimientos sociales, iglesias y organizaciones civiles, se enfrenta hoy a un escenario de recortes, subejecución de fondos y cierres.

“Han cerrado 38 CAAC a nivel nacional, en distintos lugares como Neuquén, Capital, Gran Buenos Aires, Bahía Blanca y La Matanza. Nos dicen que hay que ajustar 500 millones hasta fin de año, sin ningún criterio más que el presupuestario”, explicó Gisela Scotta, coordinadora de El Rincón Cultural, una de las siete casas que funcionan en la ciudad de Santa Fe.

La preocupación es compartida por los equipos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo, también parte del movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga.

Las CAAC representan la columna vertebral de la red de dispositivos de la Sedronar, al funcionar como espacios ambulatorios y comunitarios en barrios vulnerables, co-gestionados con organizaciones sociales y eclesiales.

Su expansión hasta 2022, cuando ya sumaban más de 500 dispositivos —dos tercios del total de la red—, fue posible gracias a un esquema de subsidios relativamente estable, regulado por la Resolución 426/2021.

Este marco otorgaba previsibilidad y permitió consolidar a las CAAC como la modalidad más extendida de atención a personas con consumos problemáticos y en situación de exclusión social.

Así y hasta diciembre de 2023, la Sedronar era un organismo autárquico con caja propia. Con el cambio de gestión pasó a la órbita del Ministerio de Salud y Capital Humano, y quedó sujeta a la política de recortes.

Ese esquema, sin embargo, cambió drásticamente con el inicio del nuevo gobierno en 2024, cuando la política de financiamiento entró en una etapa de ambigüedad: si bien las Resoluciones 283/2024 y 407/2024 aprobaron aumentos en los aranceles nominales, también derogaron normativas previas y generaron un marco de incertidumbre.

En los hechos, mientras el discurso oficial sostiene que se busca fortalecer el programa, el presupuesto relativo de la Sedronar se redujo casi un 10% respecto de 2023 y la subejecución de partidas derivó en retrasos de pagos, falta de liquidez para las organizaciones y cierres de dispositivos.

Se configura entonces una dicotomía donde los convenios siguen girando el mismo monto de hace un año y medio, mientras los alquileres, los honorarios profesionales y los insumos se dispararon.

“Todas las casas tenemos equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros. Lo que se hace es gratuito y se sostiene con ese financiamiento que hoy está paralizado. No hay forma de cubrir un alquiler o sostener un profesional con esos valores”, advirtió Scotta.

Solo en la casa que ella coordina, más de 170 jóvenes participan de espacios de prevención o reciben acompañamiento por consumos problemáticos, en articulación con centros de salud, vecinales y hospitales.

“Los centros de salud están estallados, un turno con psicólogo puede tardar tres meses y esas situaciones nos llegan a nosotros. ¿Qué va a pasar con todos esos usuarios si cierran más casas?”, planteó la profesional.

Las organizaciones advierten que la demanda creció de manera exponencial desde el inicio de la gestión nacional. “Mínimamente se ha triplicado la consulta. Se hace un recorte o un cierre justo cuando aumenta el consumo y se incrementa la cantidad de personas en situación de calle. Hoy podemos sostener, pero no sabemos qué va a pasar mañana y la mayoría de las instituciones están en la misma situación”, insistió la coordinadora.

En la provincia de Santa Fe, las casas comenzaron a reunirse para elaborar una carta abierta y visibilizar la problemática, con la idea de convocar a las autoridades municipales y provinciales a discutir cómo sostener la asistencia si los cierres avanzan.

“Estamos en una situación de incertidumbre total. Ninguna de las casas podría mantenerse solo con lo que recibe de convenios locales. Lo que queremos es alertar a la sociedad y a quienes gobiernan, porque esto no es un problema de una organización: si el programa se corta, lo que se rompe es toda una red de contención en los barrios”, concluyó Scotta.