La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe se convirtió en el escenario de un acalorado debate sobre la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado.

A partir de un proyecto de comunicación impulsado por Miguel Rabbia (Construyendo Futuro), se pidió al Poder Ejecutivo santafesino, a cargo del gobernador Maximiliano Pullaro, que informe sobre la circulación de dicha droga en los hospitales santafesinos, apuntando a la falta de controles y a la necesidad de asistencia a las víctimas.

De acuerdo con declaraciones realizadas en diferentes ámbitos por funcionarios provinciales, hasta mediados de agosto se registraron 30 muertes en Santa Fe, 18 de ellas en Rosario. También se mencionó que hay 46 casos en investigación en la provincia.

Asimismo y hacia fines de agosto, el hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe denunció ante el Ministerio Público de la Acusación un faltante de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva.

La iniciativa busca obtener información detallada sobre varios de estos puntos críticos. Entre ellos, se pide la cantidad de casos reportados en los que personas resultaron afectadas, hospitalizadas o fallecidas a causa de la administración del opioide. También se solicita un detalle de las secuelas registradas y el tipo de seguimiento a los pacientes, sus familias y el personal de salud involucrado.

Al justificar su propuesta, Rabbia apeló a la responsabilidad del Estado afirmando que "la Constitución lo obliga a cuidar a sus ciudadanos". En la misma línea, Sonia Martorano (Hacemos Santa Fe) enfatizó que se requiere la "presencia del Estado" para garantizar estos controles.

A su turno, Claudia Balagué (FAS) manifestó que existen dudas sobre la aplicación de la legislación actual. Hizo hincapié en la "escasez de controles" sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, así como sobre la droguería Al Farma SRL de Rosario, señalando que "casualmente todas son firmas del mismo dueño". La legisladora argumentó que "cuando el Estado se desentiende, tenemos estas crisis".

Carlos Del Frade (FAS) sostuvo que no se trata de una tragedia, sino de un "gran negocio". Explicó que el fentanilo se desarrolló masivamente en Estados Unidos a partir de 1996, convirtiéndose en un medicamento que, aunque era de venta libre, generó un consumo masivo.

Del Frade mencionó que las víctimas de esta droga pasaron de 78 a 70 mil en solo 10 años en EE. UU., y advirtió que lo mismo podría suceder aquí. Sugirió que el Ministerio de Seguridad y Derechos Humanos debería investigar si existe un "circuito ilegal del fentanilo", comparando la situación con la de la cocaína.

Mientras se criticaban los controles, otros legisladores defendieron la respuesta del sistema. Marcelo González (UCR) señaló que, aunque el laboratorio Ramallo SA es el presunto fabricante de la droga contaminada, la producción fue suspendida y los lotes se retiraron de manera "rápida y efectiva".

No obstante, aclaró que el problema "excede los límites santafesinos" y que "quienes tenían que controlar tienen que tener las condenas que merezcan".

Varinia Drisun (PS) destacó que la ANMAT es el organismo responsable de fiscalizar la calidad de los medicamentos. A su vez, elogió la "buena política sanitaria de seguimiento" de Santa Fe, que tiene más de 20 años y ha demostrado la "robustez del sistema público" de la provincia.