Representantes de Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se reunieron en Rosario para evaluar el impacto de la caída de la actividad económica. El encuentro se realizó en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario y dejó un diagnóstico compartido: la recesión golpea con fuerza tanto a la industria como al comercio, especialmente a las pymes.

Las entidades advirtieron que el cierre de unidades productivas tiene un efecto dominó sobre el resto de la economía. La pérdida de empleo reduce el consumo y profundiza el freno de la actividad, generando un círculo difícil de revertir. En ese marco, señalaron que la situación ya impacta de manera visible en Santa Fe.

El presidente de Came y de la AER, Ricardo Diab, sostuvo que el comercio atraviesa meses consecutivos de retracción y que no hay señales de recuperación en el corto plazo. Remarcó que la suerte del sector está atada a la de la industria, ya que los trabajadores son los principales clientes del comercio minorista.

Por su parte, el titular de Fisfe, Javier Martín, planteó que una apertura económica sin reformas estructurales puede agravar el desempleo. Señaló que el país necesita ganar eficiencia, pero con un esquema que promueva el valor agregado y evite un deterioro de los salarios y del entramado productivo.

Los datos expuestos durante la reunión reflejan la magnitud del problema. Según Came, las ventas minoristas cerraron el último semestre de 2025 con caídas interanuales constantes y seis de siete rubros en baja en diciembre. A nivel industrial, la producción pyme retrocedió 7,3% interanual en enero y la capacidad instalada se ubicó en torno al 61%.

En Santa Fe, el último informe de Fisfe marcó una caída interanual del 9,8% en la producción manufacturera y retrocesos en más de dos tercios de las ramas industriales. Entre fines de 2023 y octubre de 2025 cerraron alrededor de 300 industrias y se perdieron unos 8.000 puestos de trabajo en la provincia, en un escenario que suma más concursos preventivos y procedimientos de crisis. Las entidades coincidieron en que el contexto exige reformas impositivas, mejoras logísticas y financiamiento más accesible para evitar un deterioro mayor.