El Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó un nuevo informe donde expone las consecuencias del modelo económico del presidente Javier Milei: pobreza y movilidad descendente.

“La estructura social muestra una recuperación estadística de la pobreza, pero sobre una base metodológica frágil y sin mejoras equivalentes en consumo, bienestar ni capital humano. La pobreza estructural, la informalidad y la precariedad laboral permanecen en niveles históricamente altos, con clases medias bajas en movilidad descendente y un 30% de la población atrapada en condiciones crónicas de vulnerabilidad que el actual modelo aún no logra perforar”, señalaron en el relevamiento titulado “Estabilización, mejoras sociales y desigualdades persistentes”.

Respecto de la pirámide socioeconómica según nivel de ingresos mensuales de los hogares, para formar parte del 3% con mayores recursos en el país, un hogar familiar necesita percibir al menos $30 millones mensuales. Por debajo se ubica la clase media alta (7%), con ingresos desde los $15 millones, y los sectores medios integrados (20%), cuyo piso se establece en los $5 millones. Este grupo tiene capacidad de ahorro y puede planificar sus decisiones económicas a largo plazo.

En tanto, en el tercio intermedio se ubica una amplia clase media (20%) y media baja aspiracional (20%), sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico. "Este grupo acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política ante la recurrencia de crisis macroeconómicas, la volatilidad del ingreso real y el deterioro de bienes públicos clave”, afirmaron desde el ODSA.

Para pertenecer al 20% de los hogares que compone el estrato medio aspiracional es necesario percibir al menos $3.500.000, mientras que en el segmento medio bajo vulnerable el ingreso mínimo requerido es de $2 millones.

En el tercio más bajo de la distribución se agrupa una población inserta en trabajos informales, inestables o de mera subsistencia, condicionada por un entramado de baja productividad, menor nivel educativo acumulado, fragilidad laboral y fuerte dependencia de asistencia estatal. El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita contar con ingresos de al menos $800.000. Esa misma suma, en paralelo, funciona como el límite máximo para el 10% ubicado en situación de pobreza extrema.

“El actual régimen libertario abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social; sin embargo, sus límites emergen en la falta de mecanismos inclusivos de transición y en la desarticulación del entramado productivo existente, lo que amenaza con profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se acompaña de una estrategia capaz de generar empleos formales y políticas activas de integración territorial y de capital humano que integren socialmente a los sectores hoy excluidos del desarrollo”, concluyó el informe.