La falta de pago del PAMI a clínicas, sanatorios y hospitales privados comenzó a tener consecuencias directas sobre los jubilados y pensionados. Desde este martes 10, prestadores de distintas provincias suspendieron las prestaciones médicas para afiliados del organismo, tal como habían advertido días atrás, ante la ausencia de respuestas y la acumulación de deudas.

En ese contexto, instituciones de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut iniciaron cortes en la atención, limitando los servicios a guardias y urgencias, mientras que se suspendieron consultas ambulatorias, cirugías programadas y prácticas que no revisten carácter inmediato. “Guardia abierta, consultorios cerrados”, sintetizaron desde centros de salud patagónicos para describir la situación.

Según informaron prestadores privados a medios locales, los pagos comprometidos por el PAMI no se concretaron y, ante la imposibilidad de sostener los costos operativos, comenzaron los cortes. “Se atienden urgencias y cirugías complejas, pero todo lo que pueda esperar no se está atendiendo”, explicaron desde un centro de salud de Santa Rosa, La Pampa. En las guardias, además, los médicos evalúan caso por caso qué atención puede brindarse.

Cabe recordar, que hace unos días clínicas y sanatorios patagónicos habían elevado una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, en la que advertían que, de no mediar una solución, suspenderían las prestaciones a partir del 10 de febrero. Al no recibir respuestas ni pagos, avanzaron con la medida.

A esta situación se sumó el reclamo de la senadora rionegrina Ana Marks, quien advirtió que la deuda del PAMI representa “un riesgo cierto y real” para el sistema de salud regional. En ese sentido, la legisladora solicitó información detallada y medidas urgentes al Gobierno nacional, a través de pedidos formales dirigidos al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del organismo.

Marks alertó que el atraso en los pagos impacta directamente en la atención de los adultos mayores y puede derivar en un debilitamiento estructural del sistema sanitario patagónico. “Mientras se postergan recursos clave, quienes pagan las consecuencias son nuestros mayores”, sostuvo. Además, reclamó la cancelación inmediata de la deuda, la recomposición de aranceles y un cronograma claro de pagos.

Asimismo, pidió precisiones sobre el monto total adeudado a cada clínica y sanatorio, los motivos del atraso, los plazos de pago y las medidas de contingencia previstas ante una interrupción prolongada de los servicios. La senadora advirtió que, de continuar el conflicto, podrían verse afectados derechos adquiridos y garantías básicas en materia de salud.

El conflicto, además, se extendió más allá de la Patagonia. Desde Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo denunció que el PAMI mantiene una deuda de aproximadamente 45 mil millones de pesos con la provincia y aseguró que la Nación adeuda en total cerca de 200 mil millones. “No es un reclamo caprichoso, es una deuda reconocida”, afirmó, y exigió un cronograma de pagos para sostener áreas esenciales.

Por su parte, clínicas y sanatorios privados señalaron que atraviesan una situación económico-financiera “sumamente crítica”, producto de la depreciación sostenida de los aranceles y del atraso en los pagos, que se agravó en los últimos meses. Indicaron que, en promedio, el PAMI representa el 40% de sus ingresos totales, lo que vuelve insostenible la continuidad del servicio sin los desembolsos correspondientes.

Uno de los puntos más delicados es el pago de salarios. Las instituciones dependen del cobro de las prestaciones para afrontar sueldos, alquileres y servicios, y advirtieron que el atraso del PAMI genera, en muchos casos, la imposibilidad material de cumplir con esas obligaciones.

En ese marco, la suspensión de servicios se implementa de manera progresiva, comenzando por las prestaciones ambulatorias y programadas, con el objetivo de preservar la atención de urgencias el mayor tiempo posible. Los prestadores exigen tres medidas concretas, la regularización inmediata de la deuda, una reunión urgente para consensuar soluciones y la reactivación de una mesa técnica para actualizar los aranceles.

Tambien, el conflicto también alcanza al sector farmacéutico. A fines de enero, el Colegio de Farmacéuticos de Rosario denunció que el PAMI mantiene varios pagos adeudados y que peligra la entrega de medicamentos. Según explicaron, están afrontando la situación con fondos propios para no interrumpir el servicio, aunque reconocieron que el escenario es “muy complejo” y cercano al límite.