El funcionamiento del sistema de emergencias 911 de Santa Fe volvió a quedar bajo análisis tras conocerse el impacto que generan las alarmas privadas en la operatoria. En 2025, en la ciudad de Rosario se registraron 103.910 llamados provenientes de empresas de monitoreo, de los cuales solo 358 tuvieron alguna novedad confirmada, es decir el 0,35%.

Desde el Ejecutivo provincial advierten que este volumen de avisos fallidos afecta la capacidad de respuesta ante situaciones verdaderamente urgentes. La nueva ley de alarmas busca ordenar un escenario que, además de sobrecargar el sistema, fomenta prácticas irregulares y competencia desleal en el sector.

“Las alarmas fallidas de las empresas de monitoreo ocupan móviles que podrían atender urgencias reales. El 911 no puede convertirse en una extensión automática de servicios privados que trasladan su carga al Estado”, explicó Pablo Polito, director de Atención de la Emergencia 911.

Cada aviso implica, como mínimo, unos 20 minutos de intervención y la participación de dos efectivos policiales. En menos de un año, esta dinámica representó para el Estado un costo superior a los 500 millones de pesos en horas hombre, con la participación de más de 200.000 efectivos, 34.637 horas de patrullaje -equivalentes a casi cuatro años de móviles en la calle- y un total de 69.273 horas de trabajo policial destinadas, en su mayoría, a eventos que no derivaron en la constatación de delitos ni emergencias reales.

Proteger a quienes cumplen la ley

“Hay muchas empresas que cumplen con la normativa y deben competir con otras que no tienen los papeles en regla y funcionan como estructuras vacías”, sostuvo Polito.

En esa línea, Karina Chumpitaz, subsecretaria de Enlace con el Sector Privado, cuestionó el esquema actual de funcionamiento. “Hoy alguien con un teléfono desde su oficina contrata a un técnico, instala alarmas y, ante cualquier aviso, llama al 911. Con mínimos recursos propios se monta una supuesta empresa que utiliza herramientas pagadas por todos los santafesinos”, señaló. Y agregó: “Estamos protegiendo a quienes cumplen con la ley y queremos reducir el gasto que representan las llamadas fallidas”.