Luego del trágico episodio con el fentanilo en mal estado que producía HLB Pharma, y que causó más de un centenar de muertes, Rosario volvió a ser escenario de una intervención de la autoridad farmacológica a nivel país, pero sobre otro de sus laboratorios. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la interrupción de las actividades productivas del laboratorio rosarino Ladece S.A., situado en Suipacha 245, y prohibió la comercialización de varios medicamentos y productos de farmacopea, al detectar serias irregularidades que representan un riesgo sanitario, se informó oficialmente.

La medida se publicó en el Boletín Oficial, y tuvo origen en una inspección realizada por el Ministerio de Salud de Santa Fe en la planta que la firma posee en el barrio de Pichincha. Allí se constataron múltiples incumplimientos a la normativa vigente.

De acuerdo con el informe de Anmat, la empresa elaboró y vendió productos no autorizados, algunos sin registros de fabricación, otros con inscripciones vencidas y varios producidos en sectores no habilitados. Estas falencias impiden garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, por lo que la situación fue clasificada como de alerta “crítica” y prioridad “alta”.

Entre los productos alcanzados por la prohibición se encuentran alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta Lassar, alcohol boricado al 5% y pomada de estearato de amonio, en todas sus presentaciones. El organismo señaló que algunos no están contemplados en la Farmacopea Argentina y otros tenían trámites de inscripción aún pendientes.

Durante la inspección también se verificó que Ladece S.A. no estaba habilitada para elaborar productos semisólidos, como pastas y pomadas. Además, se detectó que la firma inició un retiro voluntario del mercado sin dar aviso previo a la autoridad sanitaria, lo que constituye otra infracción grave.

Ante este panorama, el Instituto Nacional de Medicamentos ordenó el retiro inmediato del mercado de todos los productos involucrados y exigió la presentación de documentación respaldatoria. En paralelo, se dispuso la apertura de un sumario sanitario tanto contra la empresa como contra su dirección técnica.