La localidad de Villa Allende, Córdoba, anunció el cierre nocturno de calles secundarias mediante la instalación de portones, como parte de una estrategia para reducir los delitos. La iniciativa, impulsada por el municipio, cuenta con aval judicial pero abrió un fuerte debate político y social.

La decisión se enmarca en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, un plan que incluye además la incorporación de cinco móviles de patrullaje, la instalación de 250 cámaras de seguridad y 57 domos policiales. El punto más controvertido es el bloqueo parcial o total de calles durante la noche, una herramienta sin antecedentes locales.

La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación consideró que la medida resulta “razonable y proporcional” en relación con el objetivo de garantizar la seguridad pública, y dio luz verde al esquema diseñado por la gestión municipal.

El intendente Pablo Cornet defendió la decisión y sostuvo que según datos oficiales, seis de cada diez robos en la ciudad ocurren en horario nocturno. “No es una postura ideológica ni política, sino una respuesta excepcional frente al aumento de la inseguridad”, señaló el jefe comunal, quien también relató haber sido víctima de un asalto en su vivienda.

Los primeros portones comenzarán a instalarse en febrero en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Funcionarán entre las 22 y las 6 y, dependiendo de la cuadra, permitirán solo el tránsito peatonal o bloquearán completamente el paso vehicular.

Cornet explicó que el cierre de calles se complementará con mayor iluminación, monitoreo y control preventivo. “La idea es dejar corredores seguros, bien iluminados y vigilados, y cerrar aquellas calles que hoy funcionan como vías de escape para los delincuentes”, indicó.

Según relató, la iniciativa surgió a partir del diálogo con los vecinos, quienes señalaron los recorridos habituales utilizados para ingresar y huir tras cometer robos. En esta primera etapa se colocarán 14 portones y, si los resultados son positivos, el sistema podría ampliarse a otros sectores de la ciudad.

El anuncio también provocó rechazo. Concejales opositores y grupos de vecinos presentaron amparos colectivos para frenar la medida, al considerar que el cierre de calles públicas vulnera derechos básicos como la libre circulación y la igualdad ante la ley.

 Desde la oposición, advirtieron además sobre un posible efecto de “segregación urbana” y cuestionaron la falta de estudios técnicos que respalden la eficacia de este tipo de barreras.