Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, alrededor de las 02:00 hora local, se registraron fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves en distintos puntos de Caracas. Los reportes ciudadanos y registros en redes sociales dieron cuenta de ataques aéreos dirigidos contra objetivos militares clave, incluyendo el Fuerte Tiuna —el mayor complejo militar de la capital—, la base aérea de La Carlota, la Escuela de Oficiales de La Guaira y la terminal aérea de Higuerote.

Los estallidos provocaron densas columnas de humo, cortes de electricidad y escenas de caos vehicular en la ciudad, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en las calles.

Ante estos acontecimientos, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial denunciando una “gravísima agresión militar” perpetrada por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio y población venezolana en Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El presidente Nicolás Maduro activó todos los planes de defensa nacional y ordenó la implementación del Decreto de estado de Conmoción Exterior en todo el territorio, haciendo un llamado a la «lucha armada» y al despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Caracas sostiene que el objetivo de la incursión es la apropiación de los recursos petroleros y minerales del país.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país llevó a cabo un ataque a gran escala y advirtió previamente que los días del mandatario venezolano en el poder “están contados”. Esta acción militar se produce en un contexto de alta tensión, tras el despliegue de una flota naval en el Caribe que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y un submarino nuclear. Paralelamente, la sede diplomática de EE. UU. instó a sus ciudadanos a refugiarse o salir de inmediato de Venezuela ante la falta de seguridad en el país.

La comunidad internacional ha reaccionado con alarma

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó que Caracas estaba siendo bombardeada con misiles y solicitó reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU. Venezuela, amparándose en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ha manifestado que se reserva el derecho a la legítima defensa y elevará las denuncias correspondientes ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la CELAC para exigir la rendición de cuentas por parte de Washington.