En Argentina hay más de 6 millones de jubilados, y casi 5 millones son atendidos por el Pami. Particularmente, en Santa Fe hay más de 483.000 jubilados, de los cuales 448.000 reciben prestaciones del instituto.

El Gobierno nacional implementó un ajuste en las jubilaciones desde su llegada a finales de 2023. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina titulado “Impacto del ajuste previsional en la provincia de Santa Fe”, considerando una inflación de 2,2% para diciembre (según el Banco Central), las jubilaciones mínimas con bono, en el trimestre octubre-diciembre, se encuentran 16,9% debajo del último trimestre del gobierno anterior. Por su parte, la jubilación sin bono se ubica 2,3% por debajo del mismo período.

Además, hasta diciembre de 2023, tres millones de afiliados al Pami que cobraban hasta 1,5 haberes mínimos recibían un refuerzo mensual de $15.000. Su eliminación significó una pérdida de $713.606 por jubilado entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

El recorte también se produce a partir del bono adicional, que desde marzo de 2024 se mantiene en $70.000. Pero si se hubiese actualizado con la fórmula jubilatoria, debería haber sido de $177.482 en diciembre de 2025. Esta política nacional implicó una pérdida de $1.471.648 por jubilado entre abril de 2024 y diciembre de 2025.

Considerando que, a septiembre de 2025, el 52,2% de los jubilados del país percibía una jubilación mínima con bono o menos -lo que equivale a 3,16 millones de personas-, es posible estimar que en Santa Fe alrededor de 252.424 jubilados se encuentran en esa situación. O sea, la pérdida agregada para este grupo asciende a $371.479 millones.

A su vez, con el cambio de Gobierno nacional se eliminó el reintegro del IVA para jubilados que cobraban hasta tres haberes mínimos (85% del total), lo que afectó a 5,2 millones de personas.

Pérdida sostenida de poder adquisitivo

El congelamiento del bono previsional, la eliminación del refuerzo mensual para jubilados de menores ingresos y la suspensión del reintegro del IVA para consumos básicos configuran un “cuadro de pérdida sostenida de poder adquisitivo, que repercute tanto en la calidad de vida de los adultos mayores como en la dinámica económica local”, analizaron desde el Centro de Economía Política Argentina.

“Este recorte no solo impacta directamente sobre los ingresos de un sector vulnerable, sino que también se traduce en una menor actividad económica en la provincia. Los jubilados de la mínima no tienen capacidad de ahorro: destinan la totalidad de sus ingresos al consumo básico, como alimentos, medicamentos y servicios”, concluyó Cepa.