El gobierno nacional recibió un nuevo revés judicial luego de que la Justicia ordenara cumplir con la ley de financiamiento universitario. El juez Martín Cormick dispuso una medida cautelar que dejó provisoriamente sin efecto el decreto 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que había suspendido la aplicación de la norma pese a la insistencia del Congreso.

La resolución fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo actualizar las partidas presupuestarias destinadas al pago de salarios docentes y becas estudiantiles, tal como lo establece la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) celebraron la decisión judicial. Su presidente, Joaquín Carvalho, sostuvo que el fallo “sienta un precedente clave” y representa “un ápice de esperanza” para docentes, no docentes y estudiantes que vienen reclamando por el sostenimiento del sistema universitario público.

En los fundamentos, Cormick calificó la cautelar como una medida excepcional y señaló que la negativa del Ejecutivo se apoyó en una norma de menor jerarquía legal. Además, destacó que la insistencia del Congreso en sancionar la ley constituye una “actuación positiva de la autoridad pública” y que el deterioro salarial configura un “peligro en la demora” que afecta el derecho a enseñar y aprender.

La decisión judicial se conoció luego de que la Cámara de Diputados eliminara del Presupuesto 2026 el artículo que buscaba derogar la ley universitaria, en otro golpe político para el oficialismo. Aunque el presidente Milei ratificó que no vetará el presupuesto, insistió en que el equilibrio fiscal es innegociable y que las partidas se reordenarán para cumplir con las leyes vigentes sin abandonar el objetivo de déficit cero.