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Sábado, 25 de abril
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Milei ordenó votar contra el cooperativismo en la ONU

El rechazo argentino en Naciones Unidas contra la resolución que apoya a las cooperativas mundiales generó indignación. Solo tres países se opusieron: EEUU, Israel y Argentina. La decisión es un contrasentido, ya que la ACI, que representa a más de mil millones de personas, está presidida por el argentino Ariel Guarco.

El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo y resonante papelón a nivel diplomático al votar en contra de la Resolución «Las cooperativas en el desarrollo social» en la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Esta resolución, que celebra y promueve el papel de las cooperativas a nivel global, fue aprobada con una abrumadora mayoría de 179 votos a favor, registrando solo tres votos en contra: Estados Unidos, Israel y Argentina. Los tres países tienen un histórico desarrollo de la economía cooperativa. 

 La posición argentina generó sorpresa e indignación en el sector. En especial, si se considera el profundo arraigo y la vitalidad del movimiento cooperativo en el país, así como el hecho de que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una de las organizaciones no gubernamentales más grandes del mundo, esté presidida por un argentino: Ariel Guarco. 

 La resolución de la ONU da cuenta de lo actuado durante el Año Internacional de las Cooperativas 2025 y exhorta a los Gobiernos de todo el mundo a brindar un apoyo activo a estas entidades. El texto insta a los países a reforzar el ecosistema empresarial para las cooperativas, y las reconoce como «empresas comerciales sostenibles y pujantes». 

El veto de Argentina a una iniciativa que busca fortalecer herramientas probadas para el desarrollo social y económico contrasta fuertemente con la realidad del país. Las estadísticas oficiales indican que existen cerca de 20 mil cooperativas activas en Argentina, que nuclean a aproximadamente 18 millones de asociados. Estas cifras no solo demuestran la extensión del movimiento, sino también su rol crucial en la economía local. 

La resolución impulsa la inclusión financiera y la creación de opciones de vivienda asequibles en zonas urbanas y rurales. Y apunta a examinar la legislación y los reglamentos vigentes para hacer que el entorno jurídico sea más propicio a su creación y crecimiento, mejorando aspectos clave como el acceso al capital, la autonomía, la competitividad y la tributación justa. Todos estos objetivos parecen haber desencadenado el rechazo del gobierno de Milei. 

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