Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dió a conocer las tasas de empelo y desocupación del segundo trimestre de 2025, que marcaron una tendencia negativa en relación al mismo período del año pasado. La desocupación fue el índice que menos se vio afectado, dado que fue de 7,6%, igual que en el segundo trimestre de 2024, pero peor si se compara con el 6,2% que dio en el mismo período pero de 2023.

En cuanto al empleo, es decir la tasa de personas ocupadas cada 100 mil habitantes, el índice fue del 44,5%, una ligera baja contra el mismo período de 2024, que fue del 44,8% y en 2023 que había registrado 44,6%.

El peor índice se registró en el empleo informal, que pasó del 41,6% en todo el 2024 al 43,2% en el último trimestre de este año. Cada vez más trabajadores se vuelcan a condiciones de informalidad ya sea por pérdida de empleos formales producto de la crisis o nuevos trabajadores que ingresan al mercado en condiciones de informalidad.

En 2025, la informalidad laboral en Argentina se mantiene en niveles elevados, alcanzando aproximadamente el 43,2% de los trabajadores en el primer trimestre, según revelados. Este fenómeno impacta de manera desigual, afectando más a los jóvenes, mujeres y a quienes trabajan en sectores como servicios domésticos, construcción y comercio. La tasa de empleo informal ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años, superando el crecimiento del empleo total y representando un desafío estructural para el país, con millones de personas sin acceso a derechos laborales básicos.

Cuando se suman los trabajadores independientes, el porcentaje asciende a más del 43%, lo que equivale a casi 9 millones de personas en situación de empleo informal sobre un total de 21,1 millones de ocupados.

Precisamente, son 8,8 millones las personas que trabajan en la informalidad según los resultados del Indec. La mayor parte, 5,5 millones, corresponde a asalariados, mientras que los 3,3 millones restantes son trabajadores no asalariados. Esta cifra representa a casi seis millones de personas que no poseen acceso a derechos laborales básicos, como cobertura de salud, licencias, aportes jubilatorios ni protección social, entre otros.