Este lunes, en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, comienza el juicio que tiene en el banquillo de los acusados al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y a un ex empleado del Poder Judicial rosarino, Nelson Ugolini. Serjal está acusado de haber brindado protección a una asociación ilícita dedicada al juego clandestino, y la trama detrás de los delitos que se le achacan, conecta con el resonado homicidio del contador Enrique Encino, quien recibió un disparo cuando fumaba un cigarrillo en el sector habilitado para ello del Casino City Center en enero de 2022. Por ese atentado fue acusado «Guille» Cantero como instigador. 

Los fiscales que llevarán adelante la acusación, José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, le achacarán a Serjal los delitos de asocición ilícita, en carácter de orgnizador, cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público, agravado pro su condición de funcionario. También le imputarán los delitos de omisión de persecución y peculado de servicios y pedirán para él 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.

En tanto, a quien fuera el secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad, Nelson Ugolini, los fiscales lo acusarán de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho y pedirán para él 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Una trama de película

Poco antes de las 11 de la noche del 11 de enero de 2020, Enrique Encino se dirigió al sector fumadores del Casino City Center, ubicado del lado de calle Moreno al 6400. En ese mismo momento, desde una moto con dos ocupantes dispararon seis veces contra el balcón vidriado y uno de los proyectiles que atravesó el ventanal impacto contra la cabeza del contador, que falleció 11 horas después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

La posterior investigación reveló que Encino no era el blanco del ataque. La balacera era parte de un plan urdido por el otrora líder de Los Monos, preso en ese momento en el penal de Marcos Paz para concretar una serie de extorsiones a comercios, taxistas, sindicatos y casas de juego para que le pagaran por protección.

Pero, ¿cómo se conectaba ese crimen con Patricio Serjal, Nelson Ugolini y otro funcionario judicial ya condenado? Tres días antes de ese ataque, el 8 de enero, dos jóvenes fueron detenidos en un operativo de la Gendarmería Nacional porque circulaban en un auto con pedido de captura. Ambos eran los encargados de perpetrar el atentado contra el casino ordenado por Cantero, pero la detención puso el asunto en stand by. Fue entonces cuando uno de los hombres del «Guille», Maximiliano «Cachete» Díaz hizo un llamado al ya fallecido Leonardo Peiti, un conocido «empresario» del juego de la región, para que le averiguara con sus contactos de la Fiscalía cual era la situación de los detenidos. Esa llamada fue la punta del iceberg que puso al descubierto la sociedad de Patricio Serjal, Gustavo Ponce Asahad (ex fiscal ya condendado), Nelson Ugolini y Leonardo Peiti, quienes conformaban una asociación que incluía participación policial y que tenía presuntas ramificaciones políticas.

Los hechos

La Fiscalía le atribuyó a ambos haber conformado una asociación ilícita integrada también por Gustavo Ponce Asahad (condenado), Leonardo Peiti (condenado), Maximiliano Díaz (condenado) y David Perona (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas a la fecha no identificadas.

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar las investigaciones.

Dicha organización se desplegó en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores. La misma tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre uno de los investigados y Leonardo Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el abogado que representaba a Peiti con Ponce Asahad.

Para los fiscales que llevaron adelante la investigación, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, luego apartados de la causa, la asociación ilícita tuvo tres organizadores, Serjal, Peiti y el senador Armando Traferri, que fue imputado en 2024 luego de que dichos funcionarios judiciales quedaron fuera de la investigación.  Los fiscales estaban convencidos que el ex fiscal regional fue «el organizador de la cobertura judicial» y quien daba directivas las directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas que le proporcionaban impunidad a Peiti en las causas vinculadas al juego clandestino. En tanto, el senador sospechado le aseguraba a Leonardo Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.