Un rato después de que el Gobierno nacional recibiera el rechazo legislativo a los decretos que habilitaban el desguace o cierre de algunos organismos del Estado, el presidente Javier Milei decidió dejar en la calle a unos 400 trabajadores de esos institutos tales como el de Tecnología Agropecuaria (INTA), el de Vitinicultura (INV), el de Semillas (Inase) y de la Agencia de Seguridad Vial (ANSV).

Lo denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La medida constituye “una represalia directa tras el resultado parlamentario”, precisó la delegada Julieta Boedo. Los pase a disponibilidad incluyen 286 trabajadores del INTA, 49 del INV, 8 del INASE y 97 de Seguridad Vial. “Esto es un castigo por el triunfo que logramos en el Congreso. Ganamos en todos los ámbitos”, sostuvo.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que “la decisión del Gobierno es muy grave. Desafía a dos poderes del Estado, desobedece una sentencia judicial e incumple lo decidido por el Congreso. El Ejecutivo actúa al margen de la ley y profundiza el deterioro democrático”.

La medida se concretó a través de la Resolución 1240/25, firmada por el Ministerio de Economía a las 19:28 del jueves, apenas una hora después de que el Senado votara el rechazo a los decretos de desregulación. El mismo día, la Justicia Federal había dictado una cautelar ordenando al Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del DNU en cuestión.

ATE también denunció una persecución sindical, al revelar que muchos de los trabajadores afectados integran cuerpos de delegados o participaron activamente en las movilizaciones contra los decretos. “Es un acto administrativo viciado e inaplicable. El Gobierno actuó con malicia”, agregó Aguiar, quien anticipó que el equipo legal del sindicato ya trabaja en una presentación judicial para frenar la medida.

Desde ATE Nacional, el secretario de Convenios Colectivos, Flavio Vergara, señaló que se trata de una violación directa de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que protege a los delegados gremiales de despidos y cambios en sus condiciones laborales. “Este accionar es ilegal, ilegítimo y atenta contra la división de poderes. El Congreso debería considerar el juicio político a Luis Caputo por incumplimiento de deberes de funcionario público”, concluyó.

El conflicto suma tensión en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, y anticipa nuevas medidas gremiales en defensa de los trabajadores estatales.