El Gobierno nacional suspendió en julio el 30% de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral en la provincia de Santa Fe. Esta medida se dio en el marco de una auditoría nacional impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y alcanzó a más de 80.000 personas en todo el país. No obstante, en numerosos casos la cesación de la prestación se realizó sin que los beneficiarios fueran debidamente notificados.

Como resultado de estas bajas, el Ejecutivo estima un ahorro mensual superior a los 23 mil millones de pesos. Sin embargo, desde diversas organizaciones advierten que muchas personas no pudieron presentarse a las auditorías por razones ajenas a su voluntad, como demoras del sistema de salud para emitir estudios médicos o la falta de acceso a la información sobre los trámites requeridos.

Además, según detalló la abogada Mariela Peña, presidenta de la organización Incluime, “dieron de baja a todos aquellos que ellos consideraron que no habían ido a las auditorías o que no presentaron la documentación que ellos consideraban válida”, sin contemplar que muchas de esas personas jamás fueron notificadas de forma fehaciente”.

Peña calificó la situación como “una crónica de una muerte anunciada” y sostuvo que los afectados se enteraron del corte del beneficio recién al intentar retirar el dinero del banco.

Por otro lado, a nivel nacional, de las 65.230 suspensiones por supuestas irregularidades, se registraron 8.207 renuncias voluntarias de beneficiarios que temían eventuales sanciones legales. Asimismo, se dieron de baja 6.643 pensiones correspondientes a personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la prestación.

Ante esta situación, se iniciará una acción judicial colectiva impulsada por organizaciones de derechos y abogados especializados en discapacidad, quienes consideran que se han vulnerado derechos adquiridos sin el debido proceso administrativo.