El gobierno de Javier Milei reconoció que no puede garantizar que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) violen la Ley de Inteligencia y hagan espionaje en las redes sociales, luego de otorgarle mayores libertades al establecer cambios en las funciones de la fuerza policial como avanzar con detenciones y realizar ciberpatrullaje sin autorización judicial.

En este marco, la administración libertaria reconoció que la única garantía es que «confía en los efectivos». En tanto, el director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, admitió que los policías pueden violar la ley de inteligencia y hacer espionaje en las redes sociales». Además, afirmó que «pueden, pero no deben» y la única garantía que supo dar, es que confía en ellos.

El funcionario hizo referencia a que los efectivos podrán realizar, a distintas tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales como «redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas» y en estas tareas de prevención del delito podrían violar la Ley de Inteligencia que indica que “deben respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas».

De estra manera justificó que “los agentes no dan vueltas por las redes a ver si encuentran algo» sino que «están investigando un delito» y que “la policía no viola los derechos de nadie porque es como si estuvieran patrullando en la calle”.

Las nuevas libertades de la PFA

A través del Decreto 383/2025, publicado hace unas semanas en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dictaminó uno nuevo estatuto de la Policía Federal, con el objetivo de llevar adelante un «proceso de reforma y modernización» de la fuerza.

La medida busca «actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión», «priorizar y reasignar recursos conforme a las nuevas necesidades» y «modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación», entre otros puntos. Sin embargo, también da mayor libertad de acción a los efectivos.

Además, extiende la posibilidad de hacer requisas también sin orden judicial. Según el artículo 6, inciso 13, se permite esta práctica cuando “exista una sospecha fundada de que alguien podría ocultar objetos relacionados con un delito, si hay riesgo de que desaparezcan pruebas, o si la requisa ocurre en la vía pública en el marco de un operativo de prevención”.

El monitoreo de redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad no es una novedad. Ya en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), la entonces ministra Bullrich había dicho que el gobierno realizaba “ciberpatrullaje para detectar grupos que llaman a la agitación”.