La Justicia dictó una prisión preventiva por 90 días para el juez federal Marcelo Bailaque, junto con una inhibición de sus bienes por un valor de $1.500 millones.

No obstante, esta orden dictada por Eduardo Rodríguez Da Cruz todavía no se hará efectiva ya que el magistrado posee inmunidad de arresto, por lo que solo podría ir a prisión si lo suspende el Consejo de la Magistratura de la Nación a través de un juicio político.

Bailaque está siendo investigado por sus presuntos vínculos con el contador del narco multicondenado Esteban Lindor Alvarado, Gabriel Mizzau, y un ex funcionario de la AFIP que arreglaba deudas impositivas.

Este miércoles dio comienzo la audiencia imputativa en su contra y, tras varias horas de acusación, en la que un grupo de fiscales detalló la prueba reunida en su contra por distintos delitos, el juez federal Nº4 de Rosario hizo uso de la palabra durante la audiencia de formalización de imputación de este miércoles y negó los hechos que se le adjudican.

“En primer lugar lo que quiero decir es que niego totalmente haber tenido de manera directa o indirecta una vinculación tanto con Alvarado como con cualquier persona que participó de la organización”, afirmó el magistrado. Se trata de un hombre condenado por homicidio, asociación ilícita, narcotráfico y lavado de dinero de origen ilícito.

El juez compartía el contador, Mizzau, con el narco condenado. El contador había sido compañero de estudio de Bailaque y su hijo trabajó en el juzgado. En forma paralela, atendía las cuestiones contables de las empresas de Alvarado por las que, según la sentencia que lo condenó, circulaba el dinero negro originado en actividades ilegales.

“Mizzau, reconozco, fue compañero mio de la facultad, fuimos amigo aunque en este momento estamos distanciados, pero no por este motivo”, dijo Bailaque en su descarto, y aclaró que “eso no implica que él me haya manifestado y que yo haya seguido una línea de algún tipo de acuerdo espúreo para trata de evitar la investigación contra Esteban Lindor Alvarado”.

El juez también negó haber participado de una extorsión a dos empresarios, a través del ex director de la Afip Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien declaró como imputado colaborador en la causa y brindó detalles del hecho. “Jamás intervine en la extorsión a persona alguna, no es cierto bajo ningún punto de vista que en el quincho del edificio de mi casa, que es un quincho público, al que pueden acceder vecinos del edificio, que yo haya tenido un acuerdo de esas características”, abundó.

Prisión y fueros

Los fiscales que acusan por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al juez Bailaque pidieron este miércoles la inhibición de sus bienes, el embargo de dinero, propiedades y una embarcación y también su detención, aunque esta última no puede hacerse efectiva porque el magistrado posee fueros que protegen su arresto. Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideran que el juez puede entorpecer la investigación, solicitaron al Consejo de la Magistratura que acelere el trámite de suspensión o el juicio político, que permita la prisión preventiva del acusado.

Durante varias horas, los fiscales titulares a nivel nacional de la Porcunar, Diego Iglesias; de la Procelac, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, desplegaron ante el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz las pruebas reunidas en tres legajos en los que el magistrado está acusado por diferentes delitos, vinculados a su función jurisdiccional.

Al finalizar la exposición, el fiscal Velasco pidió la prisión preventiva del magistrado porque, dijo, “se dan las causales para su aplicación, aunque no podrá ser efectiva por la inmunidad de arresto del imputado y depende del juicio político que deberá hacer el Consejo de la Magistratura”. En ese organismo, el proceso contra Bailaque corre a una paciente velocidad.

Uno de los argumentos que expuso el fiscal para solicitar la detención del juez, es una indicación que el magistrado le dio a su secretaria, cuando fue convocada a declarar en la causa. “Sé breve”, contó Velasco que le dijo Bailaque a su subordinada. Por ese motivo, considera que posee capacidad para entorpecer la investigación penal en su contra. Paralelamente, el juez continúa en su carga y con las facultades para dictar sentencias y tomar medidas en los expedientes a su cargo.

Las causas

En la primera de las causas, se formalizó la imputación por lavado de activos a los contadores públicos Eduardo S. y Gabriel Mizzau por su participación como profesionales “a sabiendas de la actividad ilícita y la circulación de activos” de un narco condenado.

Los fiscales les achacaron haber firmado balances y permitir sobrefacturación de las empresas Toia, Edra, Logística Santino, y Sagrado Corazón de María, vinculadas a Esteban Alvarado, condenado por lavado de activos y narcotráfico, y por homicidio y asociación ilícita en el ámbito provincial.

En ese legajo se cuestiona el rol jurisdiccional de Bailaque, al atribuirle no haberse excusado de intervenir en la investigación de una causa por narcotráfico contra Alvarado que tramitaba desde 2013. Es que el magistrado tenía como asesor contable personal a Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas a Alvarado y a su ex mujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014. A la vez, un hijo del contador fue contratado por el juez en su despacho del Juzgado Federal Nº4 de Rosario.

Dinero a la financiera

El fiscal Federico Reynares Solari, por su parte, había expuesto ya en noviembre un caso de posible comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del magistrado, en la en la que se intervinieron fondos por más de 1.000 millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín y de San Lorenzo, en favor de una financiera cuyo titular es Fernando Whpei, amigo personal del juez.

El juzgado original que tuvo ese expediente (de la ciudad de Campana) de las cooperativas ordenó, en junio de 2019, el bloqueo de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos bancarios de la entidad. Sin embargo, se declaró la competencia territorial de la justicia federal de Rosario, “momento en el que intervino el juez Bailaque”, indicó Reynares Solari en su presentación en noviembre.

El juez federal fue “recusado por un grupo de asociados de la cooperativa que alegaron los intereses del magistrado en el caso en función de su estrecha amistad con el empresario financista Fernando Whpei, quien fue favorecido a partir del desbloqueo judicial de fondos que implementó Bailaque en el ejercicio de sus facultades como juez federal”.

La Fiscalía remarcó que el juez, “en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando Whpei, situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”.

Tras los allanamientos de hace dos semanas a las oficinas de Whpei, los fiscales revelaron este miércoles en la audiencia de formalización de la imputación que el juez y una mutual del financista comparten la titularidad de una propiedad en Caleta Olivia. Además, el fiscal señaló que durante la intervención a las cooperativas de San Lorenzo y Puerto San Martín, el magistrado designó a dos empleados de la financiera de su amigo. Para el fiscal, en este caso hubo prevaricato e incumplimiento de los deberes por parte del juez federal.

En su defensa, Bailaque aceptó su vínculo con Whpei, con quien comía en el quincho del edificio donde reside, pero afirmó que la decisíon de bloquear el dinero de las cooperativas y de designar el interventor no fueron suyas, sino del juzgado federal de Campana que intervino originalmnete en la causa.

Extorsión

La Procelac, por su parte, expuso la tercera acusación que tiene como objeto a Bailaque, en un causa en la que hay ocho personas bajo investigación. En ese legajo, se investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios público y prevaricato.

Se trata de un caso que comenzó a investigarse a partir de una solicitud de sobreseimiento de Claudio Iglesias y Jorge Oneto, empresario y agentes de bolsa respectivamente, investigadas por el Juzgado Federal a cargo de Bailaque. Las dos personas habían sido denunciadas por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima que ingresó a la ex Administración Federal de Ingresos Público (Afip, hoy Arca), a las 12.55 del 14 de agosto de 2019, pero que llamativamente, según indicó la Fiscalía, había sido radicada antes en el juzgado, a las 12.35.

En esa trama, el fiscal destacó “la intensidad de las medidas” ordenadas por el juez en el inicio de la investigación, que incluyeron allanamientos contra las dos personas denunciadas, pero sin dar intervención a la fiscalía. En ese sentido, remarcó que al mismo tiempo se pudo verificar, a partir de una extracción forense, “una curiosa relación” entre Carlos Vaudagna, exdirector de Afip en Santa Fe, y el juez.

Al graficar ese vínculo, la Fiscalía citó textualmente varias conversaciones entre Vaudagna y otras personas donde daba cuenta de la cercanía con el magistrado. Incluso, una que mantuvo con el juez el mismo día de los allanamientos a los denunciados. El titular de la Procelac Rosario recordó que la investigación prosiguió en 2020 y 2021, hasta que las dos personas fueron convocadas a indagatoria, aunque finalmente se solicitó el sobreseimiento en 2024.

Cuando se notificó al Ministerio Público Fiscal, este reasumió la investigación y advirtió las aparentes irregularidades, como los períodos donde la causa estuvo paralizada a niveles escandalosos, lo que “revela una grosera negligencia”, alertó el fiscal Argibay Molina.