El juez federal Marcelo Bailaque enfrenta hoy la grave imputación penal en la que cayó tras la investigación de tres fiscales que lo involucran en al menos tres maniobras delictivas insólitas para su investidura: ejercer el poder de su cargo para favorecer al narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, desviar más de 1.000 millones de pesos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín a una mutual controlada por su amigo Fernando Wphei, y de participar de un apriete extorsivo contra dos empresarios y financistas de Rosario.

Bailaque sigue en funciones, aunque entra en zona de peligro de destitución si en el Consejo de la Magistratura avanza el expediente que podría llevarlo a un juicio político. 

La audiencia imputativa está prevista para esta mañana en los Tribunales de bulevar Oroño al 900. A la par, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde este martes a los tres expedientes que complican al magistrado y que podrían precipitar su destitución. La imputación ronda en torno a figuras penales de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato.

En caso de comprobarse los hechos, Bailaque podría enfrentar un juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, y allí podría terminar exonerado de su cargo.

Uno de los expedientes investiga la relación entre Bailaque y los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, quienes habrían participado en maniobras de lavado de activos vinculadas a la red criminal liderada por Alvarado, actualmente condenado a prisión perpetua. Cabe destacar que el magistrado compartía contador con el propio jefe narco.

Fueron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes pusieron en el ojo de la tormenta a Bailaque como cómplice de la estructura de Alvarado, durante los alegatos del juicio que condenó al jefe narco de Rosario. 

El otro núcleo de acusaciones contra Bailaque es el favor que le brindó al empresario Fernando Whpei. A partir de una denuncia de los trabajadores asociados en la Cooperativa de Estibadores Puerto San Martín, el fiscal Federico Reynares Solari sostiene que Bailaque ordenó el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados en favor de una entidad financiera controlada por Whpei, cuyas oficinas y domicilio fueron allanados días atrás por esta misma causa. 

Por otra parte, el tercer eje de la imputación estriba en el acuerdo que tuvo con el ex director regional de Afip Rosario, Carlos Damián Vaudagna, para armar causas penales en contra de los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Así lo confesó Vaudagna, al declarar semanas atrás como arrepentido. 

Reveló el ex funcionario nacional que con Bailaque acordaron urdir estos aprietes a cambio de coimas en dólares y, de paso, perjudicar a Iglesias en su chance de presidir el Grupo San Cristóbal Seguros y de continuar en el Mercado de Valores de Rosario, donde era ejecutivo y de donde se fue renunciado por esas complicaciones con la Justicia.