Los fiscales del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Rosario, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, acusaron a un grupo de directivos de la agroexportadora Vicentin de utilizar casi mil millones de pesos de la empresa para pagar los honorarios de los abogados que los defienden en la causa pena por presuntas estafas, defraudación y asociación ilícita. Los acusadores pidieron la prisión preventiva por 120 de cuatro de los señalados como jefes de una organización delictiva, al tribunal integrado por los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, que pasó a un caurto intermedio para este sábado.

Además, durante la audiencia de imputación que se inició el jueves y se extendió este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que tiene como acusados a 20 directivos de la firma, los fiscales revelaron que también utilizaron fondos de las empresas del grupo para abonar el seguro de caución con una compañía, lo que les permitió en mayo de 2023 seguir en libertad el proceso penal.

“Desde setiembre de 2020 y hasta finales de 2024, la asociación ilícita -cuya cúpula mantuvo el control del gobierno real de las decisiones del grupo Vicentin- ejecutó una serie de maniobras consistentes en la utilización de fondos de distintas sociedades integrantes del grupo, con el objeto de costear los gastos legales derivados de los servicios de defensa penal de los propios miembros de la asociación, en las causas penales que se tramitan en su contra ante el Sistema de Justicia Penal de la Provincia de Santa Fe”, leyeron los fiscales al momento de acusar a Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze como jefes de una asociación ilícita.

De acuerdo a la imputación formulada por los fiscales, “durante el período comprendido entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024, las empresas Oleaginosa San Lorenzo S.A., Algodonera Avellaneda S.A., Sir Cotton S.A. y Vicentin S.A.I.C. realizaron pagos a favor de Alberto Macua, Omar Scarel, Máximo Javier Padoán, Cristian Andrés Padoán y Roberto Alejandro Gazze, por 952.655.044, para pagar los gastos judiciales de los imputados”.

Para la parte acusadora del proceso, esos gastos deberían haber sido afrontados en forma particular por los acusados, ya que ninguno de los abogados aparece en la papelería de Vicentin como representantes de la compañía, por lo que entienden que el patrocinio fue individual.

La última parte de ese período coincide con la presunta crisis financiera de Vicentin Saic, que en marzo no pudo cancelar en un solo pago los salarios de sus empleados. Para la Fiscalía, a pesar de dejar sus cargos formalmente en la conducción de la agroexportadora, algunos de los imputados continuaron manejan la administración de los recursos junto a los nuevos ejecutivos miembros del directorio.

La imputación incluyó, además de las facturas entregadas por los abogados Jorge Hilarrescondo, Daniel Cuenca y Joaquín Amor a Vicentin para solventar los costos de la representación letrada a título personal de los directivos, el uso de recursos de la compañía por $40.751.243 para contratar un seguro de caución. Es el que utilizaron algunos de los directivos en 2023 para pagar los 10 millones de dólares que les impuso la Justicia como fianza para poder continuar el proceso en libertad, en el que están acusados de estafas y defraudación.

El ex presidente del directorio Buyatti y el directo financiero de Vicentin, Roberto Alejandro Gazze, fueron detenidos la semana pasada por personal de Gendarmería luego de una veintena de allanamientos solicitados por los fiscales Moreno y Narvaja. Scarel y Macua, en tanto, se presentaron el último sábado en sede policial. Ambos tenían pedido de captura.

Para la Fiscalía, se trata de los cuatro jefes de una presunta asociación ilícita, para quienes pidieron prisión preventiva por 120 días. Además de ellos, fueron acusados como miembros e integrantes de la supuesta organización delictiva el ex presidente de la Bolsa de Comercio Alberto Padoán, Máximo Javier Padoán, Sergio Vicentin, Martín Colombo Boschi, Pedro Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Pedro Germán Vicentin y Javier Gazze (hijo de Roberto), entre otros.

Una parte de los hechos endilgados a los directivos coincide con el fin de la intervención de la empresa, en agosto del año pasado. A partir de esa fecha, dijeron voceros del concurso, Vicentin Saic comenzó a atravesar problemas financieros. Al menos una parte de ellos podrían explicarse por ese uso discrecional de fondos de la agroexportadora para cuestiones particulares de sus ejecutivos.

La mayoría de los acusados ya habían sido imputados en 2023 por presuntas estafas, al tomar créditos y recibir granos de proveedores sabiendo que no estaban en condiciones financiera de pagarlos. Entre las entidades financieras hay bancos públicos y privados. Eso ocurrió antes de que Vicentin ingresara en cesación de pago, en diciembre de 2019, y de que en marzo de 2020 se abriera el concurso preventivo de acreedores de la mayor agroexportadora de capitales nacionales, con un pasivo pre concursal de 1.300 millones de dólares.