Se trata de un proyecto de la Subsecretaría de Ambiente que se habría filtrado antes de salir a la luz. Más de 60 instituciones de todo el país manifestaron su indignación ya que el mismo desprotegería a la fauna y favorecería a la caza y al tráfico de trofeos.

Fechado el 20 de enero pasado, el documento deroga varias normas para “evitar la duplicidad” y “ordenar” la normativa. Sin embargo, lo cierto es que pretende dejar sin efecto resoluciones clave como la 133/22 que prohíbe la exportación, importación y tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza (restos de animales muertos por la caza) y los criaderos de animales autóctonos para cotos de caza.

“El proyecto es nefasto para la fauna silvestre ya que implicaría un retroceso de 3 ó 4 décadas en materia de protección y conservación de la fauna” sostuvo Franco Peruggino, referente de la ONG Mundo Aparte de Rosario. La modificación en la normativa afectaría la protección de especies valiosas como Yaguareté, Puma, Ñandú y Pecarí.

En la mañana de ayer y través de una carta formal, la alianza de ONG socioambientales denominada “Observatorio de lo silvestre” manifestó su “más profunda preocupación” por el “desatinado proyecto” de la Subsecretaría de Ambiente y solicitó audiencia con el Ministro de Turismo, Deporte y Ambiente, Daniel Scioli.

El proyecto, que lleva la firma de Federico Iribarren, asesor legal de la Dirección Nacional de Recursos Naturales- pretende derogar y/o modificar las siguientes Resoluciones:

De la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Res. Nº 24/1986 / Res Nº 63/1986 /Res. Nº 793/1987 / Res. Nº 53/1991

De la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano: Res. Nº 351/1995

De la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable: Res. Nº 208/1998 / Res. Nº 460/1999

De la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Res. Nº 437/2006

Del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Res. Nº 133/2022

De la misiva se pueden extraer fragmentos contundentes, ya que luego de analizar minuciosamente lo que se desprende de este preocupante proyecto, las organizaciones socioambientales decidieron salir a contestar de manera inmediata: “Luego de haber analizado minuciosamente cada Resolución con equipos de asesores legales y técnicos y en conjunto con otras instituciones, consideramos que varias de estas normas resultan esenciales para la protección y resguardo de nuestra fauna autóctona y, por tanto, su derogación y/o modificación resultará gravemente perjudicial para la conservación de nuestra biodiversidad. Tal circunstancia se sumaría a la evidente carencia de un sistema de fiscalización y control efectivo por parte del Estado Nacional y de la totalidad de los Estados provinciales”.

“Es por ello que le solicitamos, tenga a bien brindarnos una audiencia a fin de trabajar en la no derogación de las normativas que regulan y limitan la actividad cinegética, así como, en la creación del Registro Nacional de Cazadores (exigido por el Decreto Reglamentario Nº 666/97 de la Ley Nacional Nº 22421). Sostenemos que debe respetarse y primar el principio de progresividad que lleva ínsito el de no regresión, como el de sustentabilidad previsto en nuestra legislación ambiental N°25.675(LGA) y que Resoluciones: 62/83, 24/86, 63/86, 793/87, 53/91, 351/95, 133/98, 208/98 y 133/22 resultan un instrumento central para la protección y conservación de la fauna silvestre autóctona conforme los art. 1 y 2 de la Ley Nacional de Conservación de Fauna N°22.421”, indicaron desde el Observatorio de lo Silvestre.