La Cámara de Diputados de Santa Fe comenzará a discutir este jueves el proyecto enviado por el gobernador Maximiliano Pullaro para establecer nuevas “herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública”.

La iniciativa será analizada desde las 11, por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y de Seguridad Pública, en una reunión conjunta convocada en la Sala de Acuerdos de la Legislatura santafesina.

En rigor, el proyecto propone modificaciones al Código Procesal Penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia, al programa de recompensas y a las facultades policiales. En su mensaje, el Ejecutivo plantea como objetivo “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito” y “fortalecer la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta”.

Para ello, uno de los puntos centrales es la creación de las denominadas “zonas de intervención policial especial”. Se trata de un apartado sensible, dado que podrán declararse cuando “en un área geográfica determinada se verifique la concurrencia sostenida de altos indicadores de criminalidad, violencia o conflictividad que afecten gravemente la seguridad pública”.

Lo cierto es que una vez declarada una zona bajo ese régimen, la autoridad policial podrá “establecer controles de acceso, pudiendo identificar personas y requisar vehículos”, además de “establecer limitaciones horarias a la circulación de personas en la vía pública” y “limitaciones a la circulación vehicular y motovehicular, dentro de la zona y para el ingreso y egreso a la misma”.

Además, la iniciativa también contempla una facultad específica para demorar personas durante un plazo de hasta 48 horas. En su artículo 17, el proyecto del Ejecutivo establece que la policía podrá “demorar personas y disponer su traslado en dependencia policial hasta por cuarenta y ocho horas por razones de seguridad pública o para constatar su identidad, domicilio, medios de vida y motivos de la circulación en la zona”.

Dentro de esas áreas, además, se podrán establecer “prohibiciones relativas al consumo de alcohol u otras sustancias en espacios públicos, a la portación de armas blancas o a otras actividades asociadas a la producción de hechos o situaciones de violencia”.

El proyecto prevé además una dura sanción para quienes incumplan las disposiciones adoptadas en estas zonas. La propuesta incorpora al Código de Convivencia una figura que establece que quien “de cualquier manera violare las disposiciones que fueran adoptadas en el marco de una zona de intervención policial especial” podrá ser sancionado con “arresto de hasta treinta días”.

La policía también podrá “realizar allanamientos de domicilio en los casos legalmente autorizados” y requerir a la Fiscalía “que ordene el allanamiento general de toda la zona o de un área delimitada dentro de la misma, por motivos de seguridad pública o por sospecha de delito”.

Es que otra de las reformas de la propuesta alcanza a los allanamientos sin autorización judicial, al incorporar como supuesto que, en casos de homicidios, amenazas y extorsiones “en contexto de criminalidad organizada o de conmoción pública”, el fiscal pueda disponer “el allanamiento de un lugar habitado, casa de negocio o sus dependencias, o lugares comprendidos en un ámbito territorial determinado”.

En esos casos deberá “anoticiar al Juez por cualquier medio” y la legalidad podrá ser revisada posteriormente.

La reforma propone además que la Fiscalía pueda disponer medidas no privativas de libertad “por decreto fundado”. Entre ellas figuran “la obligación de presentarse periódicamente”, la prohibición de salir del país o de concurrir a determinados lugares, restricciones de contacto, cauciones patrimoniales y “la vigilancia mediante dispositivos electrónicos de rastreo o posicionamiento de su ubicación física”.

El imputado “podrá formular oposición en cualquier momento siempre que hubiera medidas vigentes en su contra”.

También se agrega un supuesto específico relacionado con armas. El proyecto establece que los efectivos podrán actuar sin autorización judicial ante la “tenencia o portación de armas de fuego, municiones, explosivos u otros materiales controlados, mediando secuestro o detección por cualquier medio fehaciente en la vía pública”, cuando exista sospecha de que la persona almacena más elementos de ese tipo en su domicilio u otro lugar habitado.

Además permite que, cuando existan dudas sobre la calidad de una persona vinculada a un hecho delictivo, “podrá tomársele simple declaración informativa” para orientar la investigación. A su vez, establece que “la autoridad policial podrá interrogar al imputado al solo efecto de orientar la investigación, cuando hubiera peligro cierto para la integridad física de terceros o para la seguridad colectiva”.

Finalmente, el proyecto incluye un régimen agravado para internos sobre los que exista “sospecha fundada” de que hayan ordenado o instigado delitos desde la cárcel. Entre las medidas previstas aparecen el “aislamiento pleno en celda individual”, con 30 minutos de patio individual por semana, y la “suspensión total de visitas y comunicaciones”, además del retiro de artículos de ocio y entretenimiento.

También se amplían las herramientas de inteligencia para incluir la “intervención o captación de comunicaciones”, la interceptación de correspondencia y la extracción de datos de dispositivos electrónicos, aunque el texto establece que cuando exista una “afectación sustancial a la privacidad e intimidad de las personas” se requerirá autorización judicial.