La Justicia federal imputó al presidente, al director médico y a un profesional de una clínica privada de Pergamino acusados de defraudar al Pami mediante la facturación de consultas y prácticas médicas inexistentes. La investigación detectó 191 órdenes electrónicas emitidas a nombre de 28 afiliados que nunca recibieron atención.

La causa es impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, y se inició tras la denuncia de una afiliada que advirtió estudios cargados en su historial clínico que jamás se había realizado.

Según la acusación, entre abril y diciembre de 2024 la clínica validó y cobró órdenes médicas apócrifas utilizando datos personales de afiliados del Pami. Parte de esas prestaciones habrían sido emitidas por un médico de la institución, señalado como partícipe necesario de la maniobra.

La pesquisa determinó un perjuicio económico superior a 1,6 millones de pesos, cifra que actualizada por el Pami supera actualmente los 3,2 millones. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzzo formalizó la investigación, fijó embargos de 10 millones de pesos para cada imputado y les prohibió salir del país durante 90 días.

La fiscalía sostuvo que muchas de las órdenes médicas fueron emitidas en lapsos de apenas segundos, algo incompatible con una atención presencial real. Además, durante un allanamiento no se hallaron historias clínicas que respaldaran las prestaciones facturadas.

La investigación sigue abierta y no se descarta la participación de otros profesionales de la salud en el esquema fraudulento.