El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA) denunció penalmente este lunes al presidente Javier Milei por el presunto manejo irregular de fondos de la Seguridad Social. La presentación, registrada bajo el Nº 204/2026 ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), señala posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta.

La denuncia, impulsada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, y el abogado Eduardo Barcesat, sostiene que se habría producido una apropiación de recursos del sistema previsional para ser invertidos en el ámbito privado. 

Según el texto, estos activos fueron derivados hacia instrumentos controlados por la Comisión Nacional de Valores, un organismo que el gremio considera ajeno al régimen solidario de reparto.

En la presentación se solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con “administración fraudulenta”, vinculados a la presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado.

El sindicato advirtió que esta situación representa “un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP”, que «provocaron perjuicios económicos a los trabajadores y sólo benefició a las entidades financieras”.

La acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que participaron en la elaboración del proyecto de la Ley de Modernización laboral, así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802.

El escrito señala, además, la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales, en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

Por último en el escrito se invoca la vulneración del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los denunciantes afirmaron, que «las medidas cuestionadas implican un retroceso en materia de derechos sociales», basándose en el principio de no regresión que rige los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.