Denuncian que Nación elimina ingreso clave

Organizaciones sociales de todo el país denunciaron que el gobierno de Javier Milei avanzará con la eliminación del programa Volver al Trabajo, una medida que –según afirmaron– dejará sin ingresos a cerca de 950 mil trabajadores de la economía popular, precisó Movimientos Libres del Sur - Santa Fe en un comunicado.

El reclamo fue formalizado tras un encuentro realizado la semana pasada, donde distintos movimientos alertaron sobre el impacto social de la decisión comunicada por el Ministerio de Capital Humano a través de redes sociales. De acuerdo con el parte de prensa difundido, el programa finalizará en abril y afectará a personas que actualmente perciben un Salario Social Complementario de $78.000, monto que, además, se encuentra congelado desde diciembre de 2023.

“Se anunció que en abril se dejará de cobrar. Son 78 mil pesos que están congelados desde que asumió el presidente Javier Milei, y hay más de 900 mil beneficiarios. Es una ayuda importante para quienes viven en barrios populares, antes que nada”, dijo Alejandra Amarillo, referente de Libres del Sur en Rosario. 

La canasta básica de indigencia, no obstante, está calculada hoy en 208.000 pesos mensuales, casi tres veces más.

Según las organizaciones, estos ingresos sostienen tareas esenciales en los barrios populares de todo el país. Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud comunitarios, ámbitos educativos y dispositivos de acompañamiento a mujeres en situación de violencia o personas con consumos problemáticos dependen, en gran medida, de ese esquema de trabajo.

También se verían alcanzados trabajadores vinculados a la producción textil, el reciclado urbano, la venta ambulante y la agricultura familiar campesina e indígena, actividades que forman parte del entramado productivo de la economía popular.

En el comunicado, los movimientos sociales sostienen que la medida se da en un contexto de aumento de la pobreza, caída del consumo y pérdida de empleo. En ese sentido, señalaron que la eliminación del programa implicará retirar del circuito económico unos $78 mil millones mensuales, lo que impactará directamente en los comercios de cercanía y las economías regionales.

Además, advirtieron que la decisión también afectará a trabajadores estatales que se desempeñan en la Secretaría de Empleo y Seguridad Social, quienes quedarían sin funciones en el marco del desmantelamiento del programa.

Las organizaciones cuestionaron lo que consideran un incumplimiento de promesas oficiales, al recordar que durante la campaña se había planteado la continuidad de los programas de empleo hasta tanto se generaran nuevos puestos de trabajo. En contraposición, señalaron que en el último período se perdieron alrededor de 300 mil empleos y que la desocupación alcanzó al 7,9% en 2025.

Por último, alertaron sobre el impacto territorial de la medida. Según expresaron, el recorte pone en riesgo la red comunitaria que sostienen en los barrios populares, la cual —indicaron— cumple un rol clave como contención social frente al avance del delito organizado y el narcotráfico en contextos de alta vulnerabilidad.